Una vez allí, me dijo: “Cristina vetó la ley de glaciares por presión del gobernador (José Luis) Gioja”, me confesó la funcionaria y ante mi estupor agregó: “dijo que sus diputados y senadores no votarían los proyectos del Ejecutivo si la Presidenta no vetaba la ley de glaciares”.
Me pareció repugnante el toma y daca propuesto y logrado por el mandatario sanjuanino y le advertí a Picolotti que desde la comisión a mi cargo defendería la ley vetada sin concesiones. Le aconsejé también que renunciara a la secretaría en protesta por el veto presidencial antes de que hicieran rodar su cabeza con cualquier excusa, como efectivamente ocurriría pocos días después.
Desestimó mi consejo y me propuso en cambio organizar con ella y el senador Daniel Filmus un “foro” con representantes de “las provincias cordilleranas”, que era lo que proponía precisamente el veto presidencial para lograr “mayor consenso”. Le señalé que no había foro que pudiera subrogar al Congreso de la Nación, ni mayor consenso que el alcanzado cuando la ley fue votada por unanimidad en ambas Cámaras. Pocos días después, el 2 de diciembre, la echaban de su puesto.
En su reemplazo, la presidenta designó al bonaerense Homero Bibiloni, que fue abogado de la empresa Diacrom, acusada de contaminar con cromo las napas de la zona norte del Gran Buenos Aires, lo que habría causado la muerte por cáncer de algunos vecinos. Ya nos ocuparemos de Bibiloni. Cabe recordar que presenté un proyecto pidiendo la interpelación de este funcionario para que aclare porque el estado argentino no produjo adecuadamente las pruebas sobre las consecuencias degradatorias para el ambiente que trajo aparejadas la instalación de la pastera ex Botnia en los márgenes del Río Uruguay, y presentarlas ante el Tribunal de la Haya.
Antes de echar a Picolotti, la obligaron a organizar el mentado foro, junto con el senador Filmus, que había sido el miembro informante en el senado cuando el cuerpo aprobó la ley de glaciares. Filmus, por cierto, también me propuso participar del encuentro, a lo que me negué enérgicamente, eligiendo dar la batalla que aún dura y que motivó mi ruptura definitiva con el matrimonio presidencial.
Estos entretelones podrían resultar irrelevantes si no fuera porque confirman la sospecha social respecto a la continuidad del vínculo espurio entre política y negocios.
La corrupción estructural que este proceder entraña impide que exista un plan nacional de desarrollo y además, en el caso concreto de los glaciares, puede producir una catástrofe ambiental irreparable.
El gobernador Gioja impulsó el veto presidencial para proteger los intereses de la empresa minera canadiense Barrick Gold, que ya opera en San Juan en la mina de Veladero hace ya unos años y recientemente, en el proyecto binacional Pascua-Lama, la mayor explotación mundial de oro a cielo abierto, que supondrá una inversión de tres mil millones de dólares. Según algunos cálculos, en veinticinco años de concesión, la Barrick se llevaría unos 160 mil millones de dólares, aproximadamente el monto de la deuda externa argentina.
A comienzos de los noventa, cuando era diputado y presidía la Comisión de Minería, el actual gobernador Gioja se ocupó de promover un paquete legislativo que contenía y contiene una serie de inaceptables ventajas impositivas para las mineras.
La lucha contra Pascua-Lama es imprescindible porque hay glaciares y áreas periglaciales en la zona y la minería a cielo abierto resulta letal para estas masas de hielo que recargan las cuencas de los ríos en tiempos de estiaje y constituyen la mayor reserva de agua dulce. Como lo sintetiza el saber popular: sin oro se puede vivir, sin agua no.
Tanto la Barrick Gold, como la familia Gioja y la propia presidenta en su decreto de veto aseguran que el riesgo está conjurado con los estudios ambientales previos. No es así, porque la empresa no ha vacilado en mentir. Cuando la Barrick presentó el proyecto en Chile, en el año 2000, ocultó la presencia de glaciares en la zona.
En el 2001, ante la protesta de diversas organizaciones comunitarias, las autoridades indagaron a la compañía canadiense y esta se vio obligada a reconocer la existencia de glaciares, como el Toro 1 y el Toro 2. Para salir del mal paso, formuló una propuesta que resultaría surrealista sino fuera siniestra: trasladar estas formaciones con gigantescas palas mecánicas a un glaciar mayor, el de Conconta. La Barrick tuvo que admitir asimismo que había trazado un camino de 35 metros de ancho sobre esos glaciares que pretendía movilizar.
Además de la destrucción directa, la operación minera a cielo abierto afecta a los glaciares y las áreas periglaciales por contaminación. Los cerros son volados con dinamita, acumulando polvo y rocas sobre las masas congeladas, que de este modo se derriten más rápido. Después, al preparar “la sopa” de polvo y agua, se utiliza cianuro para extraer el oro.
Esta es la “minería responsable” que proclaman al unísono la Barrick y el gobierno de San Juan, en una connivencia de intereses que ya ha motivado una investigación legal en los tribunales de Comodoro Py.
Hay una causa abierta que involucra a otro destacado miembro del Clan Gioja, el senador César Ambrosio, que a la vez, es dueño de la empresa minera Bentonitas Santa Gema SA, que proclamaba orgullosamente en su página web ser “proveedora” de la Barrick.
La trasnacional que protegen los Gioja, en este amasijo de negocios y política, tiene un currículum siniestro. Su fundador Peter Munk, reconoce en su propia “biografía autorizada” que la minera nació con dineros del megamillonario Adnan Kashoggi, conocido traficante de armas. Según el periodista estadounidense Greg Palast, a quien la compañía intentó querellar sin éxito, la Barrick “les paga a políticos y gentes con influencia, cuantiosas sumas de dinero”.
La Barrick también procura tener buenas relaciones con Cristina Fernández de Kirchner, a quien entrevistó en abril del 2009, para anunciarle que iniciaban las operaciones en Pascua-Lama y pedirle una nueva desgravación impositiva que viene a sumarse a todos los privilegios fiscales que ya benefician a la minería extranjera. Días atrás, el sábado 26 de Junio, la Presidenta de la Nación fue agasajada en Toronto por el presidente de la Barrick, Peter Munk, donde se garantizaron nuevos beneficios para la minera canadiense en Pascua-Lama.
El peligro de la catástrofe, como se ve, es inminente. Para tratar de conjurarlo, este miércoles 14 de Julio, trataremos en Diputados un clon de la ley vetada que hace pocos días logró un dictamen de mayoría en la reunión conjunta que realizamos la comisión de Recursos Naturales que presido y la Comisión de Minería.
Pero tal vez lo más importante que estoy haciendo es la denuncia pública. En este caso, para que los lectores de Sesionar puedan medir la distancia que media entre las palabras progresistas y los hechos reaccionarios y sumen su voz a los de quienes queremos evitar, a toda costa, un daño irreparable. Los glaciares están en peligro y juntos podremos protegerlos. Votemos nuevamente la ley de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Votemos contra el Veto de la Barrick.
Miguel Bonasso
Diputado Nacional
Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación
Presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires
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