El titular de la cartera política provincial estuvo acompañado por el jefe de la Policía, Jorge Villanova, el secretario de Seguridad Víctor Cufré y otros funcionarios del área gubernamental y de la fuerza de seguridad provincial.

 

Entre otras consideraciones, Larreguy afirmó que “no fue un caso de gatillo fácil” y consideró que “se trató de un hecho absolutamente aislado” cuando una patrulla policial realizaba una recorrida por el barrio Boris Furman.

 

En otro momento de su exposición, el ministro afirmó que “la Policía está interesada en que se esclarezca el hecho” y remarcó que la fuerza de seguridad “no desea vivir bajo un permanente manto de sospecha”.

 

Tras la lectura del informe comenzó a responder más de 80 preguntas efectuadas por escrito por legisladores de las distintas bancadas.

 

En su alocución destacó que “no ha habido ni habrá encubrimiento por parte de la Policía” y reiteró que esa fuerza de seguridad “no quiere permanecer en un estado de sospecha generalizado” por los hechos registrados en Bariloche.

 

Luego, aclaró que “no hubo orden de represión” y subrayó que “no se autorizó el uso de municiones letales”, a la vez que insistió con que “la orden fue que no se usaran armas reglamentarias, sólo armas anti tumulto”. (Ver informe completo)

 

El proyecto aprobado por los legisladores que busca adoptar el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley -autoría de los legisladores Irma Haneck y Manuel Vázquez- se dirige a los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, respecto de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.

 

Vázquez manifestó que esta iniciativa fue presentada en marzo del corriente año derivado de la creciente preocupación que se percibía en la zona Andina, lo cual quedó demostrado “con los violentos hechos ocurridos recientemente en San Carlos de Bariloche”.

 

En este sentido, indicó que el Código “constituye un marco amplio de referencia para compatibilizar la seguridad pública con respeto a los Derechos Humanos y por ende una herramienta fundamental para reencauzar el tejido social que se ha venido desintegrando por la ausencia de reglas que garanticen el accionar de las fuerzas de seguridad”. (Ver informe completo)

 

Además, el parlamento rionegrino sancionó la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial que establece las normas complementarias para la “conservación y aprovechamiento sustentable” de los bosques nativos del territorio de esta provincia (Ver informe completo) y aprobó en primera vuelta dos iniciativas que promueven la conservación de especies marinas. (Ver informe completo)

 

La Legislatura de la provincia de San Juan decidió remitir a estudio de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Turismo y Medio Ambiente, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, referido a la protección de glaciares existentes en el territorio provincial.

 

También aceptó el veto parcial a la ley que regula el Ejercicio Profesional de la Medicina, Odontología y Actividades de Colaboración. El plenario resolvió requerirle al Poder Ejecutivo la promulgación, conforme al veto aceptado, en tanto que no afecta “la autonomía normativa y la unidad lógica de la Ley”. (Ver informe completo)

 

En Chaco, la Legislatura sancionó una ley a través de la cual se modificó el artículo 4 de la Ley 6.334 –de creación del Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual-  que tuvo dictamen favorable en el ámbito de la comisión de Legislación General y que “busca subsanar una dificultad que se presenta para la puesta en funcionamiento del Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, que fueran oportunamente revelada por el Superior Tribunal de Justicia mediante una nota dirigida a este Cuerpo”.

 

Los legisladores aprobaron la resolución a través de la cual se expresa preocupación ante la solicitud de empresarios mineros y profesionales de energía atómica que pidieron al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba que determine la inconstitucionalidad de la Ley 9526 que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. (Ver informe completo)