En concreto, plantea la modificación de un artículo de la ley de asignaciones universales 24.714. De ese modo, “desde 5 años de edad y hasta los 18, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores a establecimientos educativos de gestión estatal. En el caso de menores que asisten a establecimientos de gestión privada, cooperativa o social podrán acceder al beneficio si se acredita que pagan cuotas muy bajas, asisten gratuitamente o son beneficiarios de becas”.
“La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social fue creada por Decreto de Necesidad y Urgencia el año pasado, pero con la redacción actual, sólo pueden acceder a la misma los niños que concurran a establecimientos educativos públicos, con lo que este plan asistencial está dejando al margen del beneficio a un universo bastante amplio de menores”, explica Escudero en los fundamentos de su proyecto.
Asimismo agrega que “se está excluyendo a aquellos que provienen del grupo social que se pretende asistir con la Ley, y que concurren a establecimientos no públicos, gratuitos, de matrículas y cuotas exiguas por ser subsidiados por el Estado u organizaciones no gubernamentales. Asimismo se dejan afuera del beneficio a aquellos menores de escasos recursos que asisten en forma gratuita a estos establecimientos por ser beneficiarios de becas”.
Por otra parte aclara la senadora en el texto que “muchas de estas escuelas de gestión no estatal, fueron creadas por iniciativa de la Iglesia Católica y de otros credos, como una ayuda social para niños de bajos recursos. Estas escuelas, reciben subsidio estatal justamente porque sus alumnos no pueden pagar cuotas altas y hasta reciben, en algunos casos becas o pagan una cuota baja. Un ejemplo de esto son las escuelas católicas que ascienden a una cifra de 3.000 en todo el país”.
Las autoridades eclesiásticas calculan que unos 300.000 alumnos, distribuidos en 700 de estos “colegios privados”, perderían la ayuda en virtud del certificado que requiere la ANSES.
“Es por ello que la condición de que los menores asistan a establecimientos públicos para acceder al beneficio es manifiestamente discriminatoria y perjudicial para muchos niños y niñas que necesitan el beneficio y que se ven impedidos de obtenerlo. Se torna así necesario incluir a esta universalidad de menores de bajos recursos que se está dejando afuera” –advirtió la legisladora.
Concluyó Escudero que “para que este beneficio pueda tener el carácter de universalidad que la ley alega, debería asimismo tener cobertura universal, y por tanto deberían eliminarse las condicionalidades que impiden a nuestros niños el goce de un derecho ciudadano”.
El proyecto fue girado para su tratamiento a la comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el radical santacruceño Alfredo Martínez.
Contacto de prensa Sonia Bühler
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