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17/6/2010

 

La diputada nacional del GEN Virginia Linares presentó un proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el objetivo de empezar a saldar el vac­ío legal en el que vive este grupo poblacional.

La legisladora perteneciente al bloque liderado por Margarita Stolbizer presentó un proyecto que propone regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho a la autónoma personal y la atención de las personas adultas mayores, garantizar su participación activa en la formulación y aplicación de las políticas que las atañen, y propiciar formas de organización, educación y participación valorando su experiencia y conocimiento.

El proyecto garantiza: el derecho a la vida y a la muerte digna, al trabajo y a la profesionalización, a la libertad, al respeto y a la dignidad, a la salud,  a una vivienda, al hábitat y a entornos accesibles, a la educación, a la cultura, el deporte, el esparcimiento y a la seguridad social.
 
Respecto a la situación que da origen a esta presentación, Virginia Linares destacó que las personas adultas mayores constituyen hoy uno de los grupos humanos más frágiles en el plano jur­ídico de la República Argentina. El preocupante vac­o legal que padecen en materia de reconocimiento específicos de sus derechos y de las obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos, para prevenir y enfrentar las situaciones de violencia social que atraviesan, la falta de espacios de participación, las graves dificultades en materia de salud y trabajo, determina la necesidad urgente de trabajar en consecuencia.
 
Linares sostuvo que el cuadro de situación es más grave aún debido a que según un informe presentado recientemente por el Ombudsman de la Tercera Edad Eugenio Semino, el 76% de los jubilados y pensionados cobran por mes el haber mí­nimo de 895 pesos (cuando la canasta básica, calculada por el Ombudsman asciende a 2.063,45 pesos) y en los tribunales hay acumulados 362.000 juicios de  jubilados contra el ANSeS, que en su mayor­a deber­án tener sentencia favorable.
 
Contacto de prensa: César Casorla
 
 

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