Durante una jornada cargada de exposiciones por parte de cámaras empresariales, organizaciones ambientales y los gobernadores de San Juan y Catamarca, el proyecto de Ley de Glaciares obtuvo dictamen de mayoría y será tratado en el recinto de la Cámara de Senado el próximo 10 de febrero.

El proyecto redactado por el Poder Ejecutivo fue revisado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta y será tratado junto a la Reforma Laboral en 2026.

La reforma facultaría a cada jurisdicción para poder decidir sobre la protección de los glaciares ubicados en sus territorios. Así, podrían resguardar a algunos por encima de otros y permitir la explotación económica de ciertas zonas periglaciales.

Actualmente, la norma en vigencia obliga tanto al Estado nacional como a los provinciales a proteger a todos los tipos de glaciares. Sin embargo, la modificación habilitaría el uso de estos, si es que no se pone en riesgo una reserva estratégica de agua.

Andrés Nápoli, director de FARN, señaló que la Ley de Glaciares cumplió 15 años en un contexto de agravamiento del cambio climático y advirtió que el proyecto propone una modificación "por vía de la interpretación", alterando el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente. En tanto, José Esaín, de Aves Argentinas, sostuvo que la propuesta implicaría la creación de un inventario basado en un esquema de concertación nacional.

Desde el ámbito científico, Pablo E. Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), destacó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió elogios de la comunidad glaciológica internacional y que, hasta el momento, no se detectaron errores significativos. Además, indicó que actualmente se encuentra en proceso de actualización.

Desde el sector empresario, Alfredo Vitaller, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), expresó que acompañan el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua. Sostuvo que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector. A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), afirmó que la Argentina necesita crecer y desarrollarse, y que la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.

Luego de las exposiciones, se dispuso un cuarto intermedio por unos minutos y, al retomarse la reunión, expusieron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Orrego señaló que en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación.

Por su parte, el gobernador de Catamarca destacó la importancia de evaluar de manera integral el impacto ambiental, social y económico de la actividad minera, y subrayó el crecimiento del empleo formal en el sector, al señalar que en la provincia se registran cerca de 3.000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 empleos en otras actividades, lo que representa un factor clave para la economía local y la diversificación de la matriz productiva.

Redacción Sesionar

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