Los eurodiputados analizarán el martes 12 de abril con la Comisión y el Consejo las recientes revelaciones periodísticas sobre las más de 200.000 empresas gestionadas desde Panamá en jurisdicciones fiscalmente opacas, entre cuyos propietarios figuran personajes famosos y políticos. La pregunta clave es si las medidas puestas en marcha por la UE contra la evasión fiscal y el lavado de dinero están funcionando.
Los documentos fueron dados a conocer por el Consorcio internacional para el periodismo de investigación, la misma organización detrás del escándalo de Luxleaks sobre las prácticas fiscales de las multinacionales.
Luxleaks llevó a la creación de una comisión especial en el PE sobre los acuerdos fiscales, que tuvo como resultado una serie de recomendaciones para una política tributaria más justa y transparente.
Gracias al Parlamento, la directiva antiblanqueo incorporó el registro obligatorio del propietario efectivo de las compañías. Esta norma fue adoptada por la Cámara en mayo de 2015 (los países tienen hasta el 26 de junio de 2017 para trasladarla a la legislación nacional). La información debe ser accesible a las autoridades (fiscales, judiciales) y a “personas con un interés legítimo”.
En cuanto a los papeles de Panamá, se trata de 11,5 millones de documentos confidenciales con información detallada sobre más de 214.000 empresas gestionadas en jurisdicciones opacas por el despacho panameño Mossack Fonseca.
La información incluye la identidad de los accionistas y consejeros de las empresas. Los documentos muestran cómo personas con grandes patrimonios, incluidos cargos públicos, ocultan su dinero del escrutinio público.
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