“La responsabilidad del PRO es directa porque ya se había denunciado este lugar como uno de los posibles talleres clandestinos. Hubo una visita de un funcionario del PROTEX y, como tocó timbre y no encontró a nadie, dejó las cosas como estaban”, acusó el diputado del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal.
La acusación fue contra el jefe de Gabinete del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor; el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, y la vicejefe de Gobierno, María Eugenia Vidal. La esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada, también fue denunciada por utilizar mano de obra esclava en las marcas Awada y Cheeky.
El dirigente del Partido Obrero agregó que, al no haber obtenido respuestas del PRO a su pedido de citación en la legislatura porteña, evalúa junto con La Alameda y otras organizaciones movilizarse esta semana.
Por su parte el legislador Alejandro Bodart (MST) había denunciado en 2013 que el gobierno porteño estaba dejando “al conjunto de las trabajadoras y trabajadores de la Ciudad desamparados y a merced de toda suerte de irregularidades e ilegalidad laboral” cuando, mediante el Decreto Nº 272/13, ordenó el traspaso de los inspectores de la Subsecretaría de trabajo a la Agencia Gubernamental de Control, que no tiene facultades para realizar inspecciones.
En 2009 el Gobierno de la Ciudad declaró la emergencia laboral y de infraestructura en la micro y pequeña empresa de las industrias de indumentaria, calzado y afines mediante la Ley 3.019 sancionada el 12 de marzo del 2009 y promulgada el 7 de abril del mismo año, pero que nunca fue reglamentada.
Irina Pilosoph