La propuesta, que logró 130 votos, habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquiera de las etapas del proceso económico.

En referencia a las sanciones, serán para las empresas que remarquen artificial o injustificadamente los precios y no contemplen la proporción de los aumentos de los costos; las que acaparen mercadería, las que se nieguen a la venta de productos, las que afecten el  abastecimiento o las que no entreguen facturas.

Las multas varían entre los 10 millones de pesos, la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años. En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial.

Otra de las iniciativas que generó polémica fue el que plantea la creación del Observatorio de precios ya que la entidad se encargará de monitorear, relevar y sistematizar los precios. Además controlará la disponibilidad de insumos y de bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.

Los diputados también aprobaron la creación, en el ámbito del Poder Judicial, del servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).

A partir de la entrada en vigencia, los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberán ser resueltos en un plazo de 30 días. Los montos para los reclamos no podrán exceder los 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.