“Se debe prestar especial atención a las economías regionales y las comunidades isleñas y ribereñas, que son altamente dependientes del recurso”, enfatizó.

                                                                                  

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que “se ha pasado de un sistema extractivo con las tradicionales técnicas de la pesca de subsistencia, basada en la calidad de los ejemplares, especies y tamaños, a un sistema basado en la cantidad” y también se añade que “pocos acopiadores forman el precio y concentran la rentabilidad del mismo, marginando al sector acerca del cual el estado debería tutelar con mayor firmeza, los pescadores, que en este nuevo esquema pierden absolutamente su capacidad de negociación”.

 

“La República Argentina debe ser el único país del mundo que exporta sus peces de agua dulce, lo que conlleva a agotar un recurso natural”, explicó Zabalza.

 

Y concluyó: “De acuerdo a los postulados del Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por nuestro país mediante ley nro. 24375, el Estado tiene la obligación de preservar los componentes del patrimonio natural argentino. En ese marco consideramos posible un manejo sustentable de los recursos pesqueros, que vaya de la mano de la rentabilidad económica y la creación de oportunidades de empleo digno”.