Tras elegir a Hourest como presidente y decidir que la vicepresidencia quedaría para el Pro, los legisladores propusieron a Gabriela Cerruti para ocupar la Secretaría. Fue en ese momento cuando arribaron al Salón Montevideo –donde se llevaba a cabo el encuentro- los legisladores del Pro y se desató una discusión en torno a la validez de las autoridades electas.

 

“Estamos dando los primeros pasos de mala manera. Si usted está planteado que hay una condición insana en los títulos de la comisión me parece que lo diga”, dijo Hourest en respuesta a la denuncia del legislador del Pro Martín Borrelli sobre la designación de las autoridades y la no existencia de una votación nominal.

 

En respuesta, Borrelli expresó: “Desde el Pro insistimos para que la comisión la presidiera un miembro de la oposición pero nos hubiera que las cosas se manejaran de manera reglamentaria”.

 

E insistió: “Lo único que hice y que reitero es dejar asentado como se dieron las cosas”.

 

Al finalizar la reunión, el legislador y presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo - otro los integrantes de la comisión que se quejó de la no existencia de una votación nominal- detalló las razones que demoraron la llegada del bloque Pro al lugar donde se desarrollaba la reunión.

 

“Estábamos hablando, negociando, se hace una pauta viene la oposición para acá. Tiene que ver con los códigos legislativos. Estuvimos una hora y media tratando de negociar con algún bloque que iba y venia”, explicó.

 

El legislador aseguró que ellos pedían “que se voten cada uno de los candidatos” y agregó que, desde su bloque, no tienen “nada que ocultar”.

 

“Lo que queremos es reglas del juego claras. Que no se conviertan en un pelotón de fusilamiento, que cada cosa sea porque los dos se quieren y que no haya oportunidad ni derecho a defensa. Esto es lo que nosotros queremos instalar: reglas del juego claras”, concluyó.

Cabe destacar que la comisión fue creada el 12 de agosto pasado mediante la Resolución 310/2010 y tiene como objetivo investigar la responsabilidad del jefe de gobierno, Mauricio Macri y de otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad en cuanto a la conformación de la Policía Metropolitana y la causa vinculada a las escuchas ilegales. Este cuerpo cuenta con la participación de 17 integrantes, de los cuales cinco correspondientes al oficialismo y una banca por cada bloque político opositor.