Luego de una sesión maratónica, la Cámara del Senado aprobó dos proyectos que apuntan contra el plan económico del Gobierno Nacional y que fueron bandera de los movimientos sociales en las manifestaciones afuera del Congreso: la declaración de emergencia sanitaria en pediatría y la actualización del presupuesto universitario. Javier Milei prepara los vetos con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Por un lado, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechazaba esa iniciativa. La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria. La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Por otro lado, otro de los golpes parlamentarios que recibió el oficialismo fue la aprobación de la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría, por lo que el presupuesto del Hospital Garrahan será actualizado. El proyecto fue aprobado por 62 votos afirmativos y ocho negativos.

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”. También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Redacción Sesionar

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