La legisladora manifestó que “la práctica más frecuente y más denunciada de irregularidades en nuestro sistema es la desaparición de las boletas”.”Tenemos un sistema obsoleto. Si cada partido tiene que ocuparse de imprimir las boletas, de distribuirlas a lo largo y ancho del país, y de custodiar en el cuarto oscuro que no desaparezcan, obviamente ésta reforma va a contramano de aumentar los derechos a fiscalizar que tienen los partidos políticos”, agregó.

 

“Pero esta medida atenta, también, contra el derecho de los ciudadanos a involucrarse en el acto comicial, a participar, a través de la fiscalización”, advirtió la senadora, quien insistió con la necesidad de avanzar con la implementación de la boleta única: “No hay razón para que la Argentina no avance en el sistema de boleta única que nos facilitaría la fiscalización de los procesos electorales”.

 

“Se perdió la oportunidad de hacer una buena reforma. El que no votó queda estigmatizado en un registro de no votantes. Va a contramano de una época que se caracteriza por la ampliación en materia de reconocimiento de derechos, esta reforma debilita el derecho a participar de una elección a través de la fiscalización. Con el pretexto de adecuarnos a una innovación tecnológica, el resultado es un retroceso en materia de derechos”.

 

En cuanto a las sanciones afirmó que “el otro paso atrás en esta reforma son las sanciones previstas para los ciudadanos que no concurran a votar, que no fueron modificados en esta ley. Tampoco se eliminaron las cargas adicionales para los empleados públicos”.

 

A quienes no concurran a votar se les impone una carga monetaria de hasta 500 pesos. “Si no pueden pagarlo, no podrá realizar gestiones o trámites por el trámite 1 año ante los organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales. No se especifica cuáles, queda librado a la absoluta discrecionalidad del funcionario”, reclamó.

 

“Además la persona queda estigmatizada en un listado de las personas que no votaron. Entonces el intendente –o funcionario provincial o nacional- podrá determinar a quién no le va a dar un subsidio, contención social, o no le permitirá la realización de un determinado trámite o gestión. Se supedita el acceso de derechos a la obligación de votar o al pago de una multa. Esto es inconstitucional y va en contra de todas las convenciones que la Argentina ha firmado”, advirtió.

 

Para Escudero se trata de medidas de amedrentamiento contra los sectores que dependen de la realización de determinado trámite. “Es verdad que estas previsiones no son introducidas por el proyecto en consideración, pero habiendo podido ser cambiadas, el gobierno prefirió ratificarlas en esta ley y agravarlas con la incorporación de este registro de no votantes. El pretexto es la innovación, el resultado será vigilar y castigar”, finalizó.