La despenalización del aborto constituye una temática que recorre transversal y sensiblemente al conjunto de la sociedad, despertando a su alrededor posturas irreconciliables e incluso fanatismos.

 

La discusión sobre la despenalización del aborto que iba a tener lugar el pasado 27 de septiembre, fue postergado para después de las elecciones nacionales, como reclamaban distintos diputados que están a favor y en contra de la despenalización. El encuentro tendrá lugar el 1 de noviembre.

 

Tras las críticas desatadas desde distintos sectores a la decisión de la Comisión de Legislación Penal de iniciar el debate por la despenalización del aborto la última semana de septiembre, en medio de la campaña electoral, el presidente del cuerpo, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica-Córdoba), decidió posponer la convocatoria.

 

Vega anunció su decisión a través de un comunicado de prensa. “Por unánime pedido de diputados de diferentes bloques y ONG de la sociedad civil, la reunión de Diputados convocada para tratar los proyectos sobre Aborto para el día 27 de septiembre se traslada para el día 1 de noviembre a las 15 horas”, informó.

 

Vega consideró “falso” que “en tiempos electorales no se deban plantear debates centrales que hacen a la vida de una comunidad. La sociedad argentina debe saber qué piensan sus diputados y candidatos por razones de moral democrática”

 

Desde que se conoció la convocatoria, numerosos diputados de distintos sectores y posturas opuestas respecto del tema reclamaron para que no se sacara un dictamen antes de las elecciones. En este sentido, un grupo de 26 legisladores - liderados por la diputada puntana Ivana Bianchi (Peronismo Fed.), que están en contra de la despenalización presentaron una nota pidiendo la suspensión del debate.

 

Los diputados alegaron que en las dos audiencias públicas que convocó Vega para avanzar con el debate –en noviembre de 2010 y julio último– no se escucharon voces contrarias a la legalización.

 

Entre los 26 legisladores están Ivana M. Bianchi, Mario Raúl Merlo (Peronismo Fed.-San Luis), Julio Ledesma (Corriente de Pens. Fed-Buenos Aires), Alberto Triaca (PRO-CABA), Omar de Marchi (Demócrata de Mza.-Mendoza), Paula Bertol (PRO-CABA), Patricia Fadel (FPV-PJ-Mendoza), Federico Pinedo (PRO-CABA), Nora Videla (Peronismo Fed.-San Luis), Patricia Gardella (Corriente de Pens. Fed-Buenos Aires) y Daniel Tomas (FPV-PJ-San Juan)

 

Además se suman, María Cristina Cremer de Busti (Peronismo Fed.-Entre Ríos), Graciela Camaño (Peronista-Buenos Aires), Margarita Ferro de Bertol (FPV-PJ-San Juan), Patricia Bullrich (CC-CABA), Alberto José Pérez (Peronismo Fed.-San Luis), Gladys Gonzalez (PRO-Buenos Aires), Zulema Daher (Peronismo Fed.-Salta), Norah Castaldo (UCR-Tucumán), Juan Francisco Casañas (UCR-Tucumán), Rodolfo Fernandez (UCR-Corrientes), Norberto Erro (UCR-Buenos Aires), Cynthia Hotton (Valores p/ Mi País) y José Villariño (FPV-PJ-Salta).

 

Entre los diputados y las organizaciones de la sociedad civil que defienden la despenalización argumentaban que se podía “bastardear” la discusión si se imponía en el marco del proceso electoral, dado que en la mayoría de los bloques no hay posiciones unánimes sobre el tema.

 

El inicio del tratamiento del tema fue el 30 de noviembre de 2010, día en que terminaba el año legislativo ordinario. El debate se abrió con una audiencia pública llevada a cabo en el marco de la comisión que contó con la exposición de Marianne Mollman, experta legal de Human Rights Watch.

 

La experta enfatizó que “la penalización del aborto crea un problema de salud pública. Según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en el 2008 más del 20 por ciento de las muertes maternas fueron por abortos inseguros. Por eso es que la despenalización del aborto es un tema de derechos humanos”.

 

En la audiencia hubo alrededor de una treintena de diputados y diputadas de la mayoría de los bloques, no sólo miembros de la Comisión de Legislación Penal, sino también de otras que deberán dictaminar sobre el tema, como Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Acción Social y Salud Pública, cuyo titular es el oficialista Antonio Morante (Chaco).

 

Posteriormente, en julio de este año tuvo lugar la segunda audiencia pública de debate, donde fue invitada la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, quién se manifestó en favor de la despenalización.

 

Con casi una hora de retraso y ante la presencia en la sala de agrupaciones a favor y en contra del aborto, que protagonizaron una acalorada jornada, Mejía, quien es actualmente relatora especial para los derechos de las mujeres para Argentina, Bolivia y Ecuador, dio a conocer la posición de la Organización de Estados Americanos (OEA). "Para la OEA, el aborto legal no es contrario a la Convención", dijo.

 

En el encuentro Luz Patricia Mejía, reconoció “el amplísimo debate, la tolerancia y el pluralismo crítico” del pueblo argentino “respecto de una debate sobre los derechos de las mujeres”.

 

Tras relatar diversos casos sobre aborto en la región americana, Mejía concluyó que si bien los problemas de salud materna son sólo de las mujeres porque los hombres no sufren ni física ni psíquicamente de estos problemas, es necesario el involucramiento de todos".

 

A la hora de las intervenciones y en medio de cánticos y gritos que venían de uno y otro sector de la sala, la diputada Victoria Donda Pérez (Libres del Sur-Córdoba) relató que había sido agredida físicamente en la puerta del Congreso de la Nación por un grupo de manifestantes que se oponen a la legalización del aborto.

 

En tanto, la diputada Cynthia Hotton (Valores p/ mi País-CABA) acusó a Vega de haberla “estado engañando” ya que en estas audiencias públicas no han sido invitados ninguno de los representantes que sugirió.

 

A la jornada de debate también asistieron los diputados Marcela Rodríguez (CC-Buenos Aires), Vilma Ibarra (Nvo. Enc. Popular y Solidario-CABA), Elsa María Álvarez (UCR-Santa Cruz), María Luisa Storani (UCR-Buenos Aires) y Silvia Storni de la (UCR-Córdoba), Juliana Di Tullio (FPV-PJ-Buenos Aires), Héctor Recalde (FPV-PJ-Buenos Aires), Mario Pais (FPV-PJ-Chubut), Diana Conti (FPV-PJ-Buenos AIRES) e Ivana Bianchi (Peronismo Fed.-San Luis).

 

En la Comisión de Legislación Penal hay siete proyectos sobre el tema con estado parlamentario. Dos que despenalizan y legalizan el aborto en las primeras 12 o 14 semanas de gestación y más allá de ese límite en los demás casos que ya contempla el Código Penal; y otros cinco que sólo reglamentan los abortos no punibles ya contemplados en el artículo 86 del Código Penal desde 1921.

 

El proyecto que más adhesiones tiene es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que forman parte más de 250 organizaciones de la sociedad civil y cuenta con casi cincuenta firmas de diputados de distintos sectores políticos. La iniciativa despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.

 

El otro proyecto que legaliza el aborto en las primeras semanas de gestación es la iniciativa presentada por el bloque Nuevo Encuentro, que establece que toda mujer puede decidir la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación.

 

En tanto, hay otros cinco proyectos que proponen modificaciones al Código Penal. La norma proyectada por el titular de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC-Córdoba), modifica el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causare sufrirán penas e inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena.

 

Por otro lado, estipula que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible cuando fue hecho con el fin de evitar un peligro a la vida o la salud de la madre y si ese peligro no pudiere ser evitado por otros medios o si el embarazo proviene del delito tipificado por el artículo 119, párrafo 3.

 

En esta misma línea, se manifiesta el diputado Gustavo Cusinato (UCR-Entre Ríos) y la diputada Gladys González, cuyos proyectos modifican el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que incurrirán en las penas establecidas por el Código Penal y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

 

En tanto, el proyecto de la diputada Juliana Di Tullio (FPV-PJ-Buenos Aires) estipula que no será punible aquel aborto que se realice cuando el embarazo provenga de la comisión de un delito contra la integridad sexual y si es solicitado libremente por la mujer encinta, y se produce antes de cumplirse las doce semanas de gestación.

 

Asimismo, la diputada Diana Conti (FPV-PJ-Buenos Aires) presentó una iniciativa que establece que el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible en el caso de que sea realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, cuando el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual o Si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

 

El debate de este tema polémico despierta posiciones irreconciliables y extremismos religiosos y femenistas, que recorren transversalmente a los bloques y a la sociedad en su totalidad.

 

De los 31 legisladores que integran la Comisión de Legislación Penal, siete firmaron el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (Diana Conti y Héctor Recalde, del Frente para la Victoria; Victoria Donda, de Libres del Sur; Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica; Liliana Parada, de Proyecto Sur; Horacio Alcuaz, del GEN, y Jorge Rivas, de Nuevo Encuentro). En tanto, hay cuatro diputados de la comisión que manifestaron a viva voz su oposición a la despenalización: Bianchi, del Peronismo Federal; Omar de Marchi del bloque Demócrata de Mendoza; Daniel Tomas, del Frente para la Victoria de San Juan, y Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica.

 

Otros diputados que no forman parte de la comisión, pero que están enfáticamente involucrados con el tema, son Cynthia Hotton (Valores p/ Mi País), profesa al evangelismo que se opone a la despenalización, y Cecilia Merchán (Enc. Popular y Social-Córdoba) y María Luisa Storani (UCR-Buenos Aires), militantes del campo feminista, y que apoyan la legalización del aborto.

 

Las posturas en torno al debate podrían resumirse en dos ejes: quienes están a favor de la despenalización del aborto proponen su legalización, su gratuidad y seguridad antes de la 12 o 14 semana de gestación, amparándose en el derecho de la mujer de elegir sobre su propio cuerpo y sus derechos reproductivos; mientras quienes se oponen rotundamente a la despenalización de la práctica del aborto lo hacen en virtud de la defensa a la vida, argumentando que la vida humana se inicia desde el momento de la concepción.

 

Ambas posturas trascienden las paredes del Congreso y recorren a la sociedad en su totalidad, donde la Iglesia, partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones feministas, hombres y mujeres son protagonistas de un tema sobre el que la sociedad deberá pronunciarse tarde o temprano.