Pero además, el anuncio de la Primer Mandataria refleja una verdad inalterable: el Estado argentino está en condiciones de hacer frente a un aumento de las jubilaciones. Tal como las diferentes fuerzas políticas de la oposición lo hemos sostenido, no implica ningún riesgo de cataclismo, quiebre o hecatombe para las finanzas públicas.
Cristina Fernández de Kirchner aprovechó para volver a tildar de irresponsables los proyectos que buscan establecer por ley un piso de las jubilaciones mínimas relacionado con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
Para que el mínimo de los haberes alcance el 82 por ciento del SMVM sólo se necesita voluntad política. Priorizar a quienes ya no pueden esperar más y tomar la decisión de avanzar hacia una verdadera redistribución que alcance a los jubilados, es hacer un uso eficiente y justo de los fondos públicos de la ANSeS que hoy son usados para políticas efectistas, de corte clientelar y electoralista.
El tema central es saber cuáles son las decisiones políticas que se toman para decidir qué gasto cubre la ANSeS y cuál el Tesoro. Es una cuestión de asignación de gastos y distribución de los recursos.
Está demostrado que la ANSeS puede financiar la recomposición de las mínimas llevándolas a 1.230 pesos. Teniendo a la vista datos objetivos, desde la oposición no hemos planteado 50 alternativas para desfinanciar al Estado sino, simplemente, hemos propuesto levantar el haber mínimo.
Si bien es cierto que se han generado mejoras, en 1992 solo el 23 por ciento de los jubilados cobraba la mínima; mientras en 2002 alcanzó un 50 por ciento; y en 2010 son un 77 por ciento, el achatamiento de la escala es producto del aumento exponencial de los juicios de actualización de haberes por los fallos de la Corte Suprema de Justicia en los casos Badaro I y II, ya que de 2002 a 2007 solo hubo aumentos de salarios en actividad.
Tanto el SMVM como el haber mínimo previsional son mecanismos regulatorios de los que se vale el Estado para garantizar que las familias de los trabajadores por un lado, y de los jubilados y pensionados por otro, tengan los medios económicos básicos para vivir dignamente y evitar caer en situaciones de pobreza.
Pero hoy el piso jubilatorio no se encuentra conectado normativamente con ninguna variable objetiva lo que hace que su evolución dependa de la voluntad de los gobiernos de turno y de los recursos disponibles en el sistema.
La Ley 26.417 de Movilidad, con su fórmula esotérica, no resuelve este problema. Estableciendo que el haber previsional mínimo vigente se actualiza en función de los créditos que establezca la Ley de Presupuesto, y no a partir de la aplicación de una movilidad automática, ha generado mas bien un gran desfasaje entre activos y pasivos. El haber previsional mínimo ha quedado así muy rezagado respecto del salario, en un valor equivalente a entre el 59 y el 63 por ciento.
Es escandaloso que se haya lanzado a los jubilados a la pobreza. Necesitamos cumplir con el mandato constitucional que dice que después de una larga vida de trabajo, todos puedan gozar de un ingreso que les permita acceder a un estándar de vida digno. Tenemos que tener la decisión política de dar justicia a los jubilados.
Gerardo Morales es senador y presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical
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