"Este Fondo Fiduciario se creó hace dos años, hubo decomisos y tiene recursos ¿Por qué ese dinero no les llega a las víctimas como señala la ley? Aún no sabemos cuál es el motivo de esta situación. Lo que sabemos es que el Fondo está integrado por los bienes decomisados en delitos de explotación, trata y lavado de dinero, y se estima que hoy está integrado aproximadamente por 3 millones de dólares y 150 propiedades. Un patrimonio del que no se ha dado cuenta ni se explica por qué no ha llegado a las víctimas”, enfatizó Carla Carrizo.  

El organismo que administra el Fondo es el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, a cargo del Secretario de Justicia, Juan Martín Mena. El Consejo Federal solamente se ha reunido una vez desde diciembre del 2019 a la fecha. 

En la misma sintonía, la Directora General de la Mujer y titular del Comité de Lucha Contra la Trata de CABA, Carolina Barone y Pamela Malewicz, Subsecretaria de Derechos Humano y Pluralismo Cultural, elevaron una nota al Secretario Mena para instar a la inmediata convocatoria al plenario de ese organismo.  

“¿Cree acaso el Gobierno que la pandemia volvió invisible el padecimiento de las personas que son víctimas de estos delitos federales? Pasar por una situación de explotación sexual es devastador para las víctimas; muchas veces no pueden reconstruir su vida laboral de forma inmediata y necesitan la protección del Estado”, señaló la Diputada de la UCR. 

Según datos suministrados al Comité por el Programa Nacional de Rescate, desde el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 fueron rescatadas y asistidas mil víctimas de trata en 20 provincias: el 68 por ciento corresponde a casos de explotación laboral y el 21 por ciento de explotación sexual. 

“El Fondo es ley, el dinero está y el incumplimiento del Gobierno es apropiarse de lo que les corresponde a las víctimas. Una política de Estado no depende de la mala o buena voluntad de los funcionarios, necesitamos que urgente se rinda cuentas de las demoras y de lo actuado”, dijo. 

El proyecto además solicita información sobre la ejecución del “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas”, que actualmente está funcionando en prueba piloto teniendo como destinatarias solo a 25 personas. 

El pedido de informe es acompañado por más de 20 diputadas y diputados: Claudia Najul, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Alicia Fregonesi, Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Mariana Stilman, Federico Zamarbide, Roxana Reyes, Ximena García, Jorge Enríquez, Maximiliano Ferraro, Gerardo Cipollini, Soledad Carrizo, Jimena La Torre, José Cano, Ricardo Buryaile, Alberto Asseff, Lidia Ascarate, Pablo Torello, Aida Ayala, Sofía Brambilla, Alfredo Schiavoni y Martín Grande. 

El proyecto completo:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en los términos del Art. 100 inc. 11 de la Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara, a través de los organismos competentes, acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a la implementación del FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY No 26.364, aprobado por la ley 27.508/2019 y reglamentado mediante el Decreto 844/2019 y diversas políticas públicas relacionadas con la protección de personas víctimas de trata de personas y explotación, a saber:

1- Señale las razones por las cuáles se encuentra pendiente de implementación el FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY No 26.364, que tiene por objetivo la asistencia directa a las víctimas del delito trata, y explotación, y a cumplir las reparaciones previstas en el artículo 6° de la ley 26.364. Especifique en qué momento se estima poner en funcionamiento la Unidad Ejecutora para la administración efectiva de dicho Fondo.

2.- Detalle los bienes que actualmente integran el FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY No 26.364, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas;

3.- Informe los motivos por los cuales el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, presenta grandes dilaciones en relación a la convocatoria de su plenario. Según los registros el Consejo se convocó, entre el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha, solo una vez por modalidad virtual;

4.- Con respecto al “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas”, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, explique:

a) porqué se comenzó a ejecutar mediante una prueba piloto destinado solo a 25 personas, cuando el “Comité por el Programa Nacional de Rescate” informó que desde el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021, fueron rescatadas y asistidas 1000 víctimas de trata en 20 provincias: el 68% correspondió a explotación laboral y el 21% a esclavización sexual;

b) cuáles son las medidas que se tomaron o actualmente se están llevando adelante para fomentar la inclusión laboral de las personas víctimas de trata y explotación, en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, mientras el Programa funciona en prueba piloto;

5.- Señale de qué manera se está dando cumplimiento al inciso b (garantizar alojamiento apropiado) e inciso c (contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas) del artículo 6 de la Ley 26.364 -PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS-;

6.-Informe el estado de ejecución del Plan Bienal 2020-2022, propuesto por el Comité

Ejecutivo contra la Trata y aprobado por el Consejo Federal;

7.- Cualquier otra información que sirva el presente.

Dip. Ana Carla Carrizo

FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

La presente iniciativa tiene por objeto que el Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes informe a esta Honorable Cámara acerca de cuestiones vinculadas a las políticas vinculadas a la protección y acompañamiento de las personas víctimas de trata que este Congreso sancionó pero que el Poder Ejecutivo no ha implementado.

En esta materia, los organismos de aplicación son el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, coordinado por el Dr. Juan Martín Mena, y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, dirigido por Gustavo Vera.

Según los registros el Consejo se convocó en plenario, entre el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha, solo una vez por modalidad virtual cuando, en rigor, en su reunión constitutiva en el año 2016 se dispuso llevar a cabo anualmente 3 reuniones. Acaso se crea que la pandemia obturó los vejámenes y los padecimientos de las personas que sufren este flagelo.

Otra deuda que acarrea el Consejo es la implementación del FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY No 26.364, aprobado por la ley 27.508/2019 y reglamentado mediante el Decreto 844/2019 en diciembre de ese mismo año, el cual se nutre de los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados a la explotación, la trata de personas y el lavado de activos y tiene como objeto la asistencia directa a víctimas de estos delitos. Se estima que más de 3 millones de dólares y 150 propiedades fueron decomisadas. Un patrimonio del que no se ha dado cuenta ni se explica por qué no ha llegado a las beneficiarias del Fondo.

Según datos suministrados al Comité por el Programa Nacional de Rescate, desde el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 fueron rescatadas y asistidas mil víctimas de trata en 20 provincias: el 68% correspondió a explotación laboral y el 21% a esclavización sexual.

Dentro de las medidas que se ofrecen en nuestro país a las víctimas de trata de personas, se encuentran la custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral, asistencia médica, psicológica y/o jurídica, y el suministro de documentación. Ahora bien, si bien existe asistencia inmediata una vez que las mujeres son rescatadas, falta seguimiento y acompañamiento luego de las primeras instancias en que se toma contacto con la justicia, además de existir diferencias entre las distintas jurisdicciones, siendo que la asistencia integral corresponde en la práctica a las provincias.

Pasar por una situación de explotación sexual es devastador para las víctimas; muchas veces no pueden reconstruir su vida laboral de forma inmediata. Por ello, consideramos indispensable una política de asistencia para las víctimas de este delito, que incluya un soporte económico que les permita construir un proyecto de vida alejado de las redes de explotación, por eso presentamos, gracias al trabajo de Alika Kinan, el proyecto 4980-D-2020 sobre una pensión vitalicia para las víctimas de trata.

Por estas razones, el Poder Ejecutivo no puede omitir la implementación de políticas que este mismo Congreso ha sancionado. La protección de las mujeres víctimas de trata, como política de Estado, no puede depender de la voluntad de los funcionarios/as de turno, por eso deben rendir cuentas sobre lo actuado.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Dip. Ana Carla Carrizo

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