El proyecto surge de la identificación de los sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad, pero que hoy se encuentran funcionando por debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras sistémicas que limitan su crecimiento: el acceso al financiamiento, el desarrollo de su capacidad productiva y pocos canales de comercialización.

“Estamos convencidos que el trabajo es la principal herramienta para el progreso. Y en la Ciudad hay miles de familias con energía y voluntad para emprender un negocio, abrir un local o comenzar un emprendimiento. Cuando promovemos el desarrollo productivo de un barrio, contribuimos a que crezca la Ciudad. Los vecinos necesitan y quieren trabajar y nosotros queremos acompañarlos y garantizar que haya más oportunidades. La Ley de Economía Social y Popular es un paso más hacia una Ciudad igualitaria”, comentó el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

El proyecto establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que contempla a sectores como la actividad textil, elaboración de alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y de la economía verde, que tienen la capacidad de crecer y desarrollarse en el mediano plazo.

El registro posibilitará a los inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial.

Podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva.

“Este proyecto de ley es una primera iniciativa para reconocer el valor de la Economía Social y Popular, derribar algunas de las barreras estructurales que enfrenta, potenciar su valor productivo, organizar las bases de su actividad e incorporarlas al ecosistema económico de la Ciudad”, sostuvo Migliore.

Además, dispone la creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento.

“Estamos planteando un cambio de paradigma focalizado en impulsar el desarrollo productivo. Es necesario construir un marco normativo que acompañe a las trabajadoras y a los trabajadores populares que permita reconocer el valor que producen, achicar las brechas de desigualdad y generar desarrollo de abajo hacia arriba”, finalizó la ministra.

La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral, generando un marco gradual y sustentable. Se propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta 3 años.

Redacción Sesionar

Foto Gentileza Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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