“Lamentablemente el lobby de sectores empresarios en nuestro país impidieron que se avanzara en este tipo de medidas. El gobierno anterior lo anunció y después dio marcha atrás, haciendo oídos sordos al pedido expreso del Comité de Derechos del Niño de la ONU que, en 2018, exhortó al Estado argentino a tomar medidas urgentes sobre seguridad alimentaria y nutrición infantil”, explicó Martello. 

Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría, a cargo de Martello, se advirtió, a través de informes y recomendaciones de políticas públicas, sobre la necesidad urgente de un cambio normativo que facilite herramientas efectivas para hacer frente a la epidemia de la obesidad, el sobrepeso y la malnutrición infantil.

En Argentina, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años tienen problemas vinculados al sobrepeso. A su vez, producto de la pandemia, recientes estudios científicos revelaron que el confinamiento agravó el problema de la obesidad infantil en países como Italia, situación que también podría registrarse en la Argentina.

Ante este panorama, con un simple cambio legislativo, se podría obligar al puñado de empresas que controlan el negocio de los alimentos procesados y ultraprocesados en Argentina a que coloquen el sello “ALTO EN”. Este sistema comenzó a aplicarse el mes pasado en México, y se suma a las experiencias exitosas de Chile y Uruguay.

Este año se sumó la Declaración del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, Dainius Puras, la cual expresamente menciona que la adopción del etiquetado “promueve decisiones saludables, desalienta el consumo de productos alimenticios que pueden tener un impacto negativo en la salud y contrarresta los efectos de vivir en un ambiente obesogénico”. 

Desde el Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también se alertó por las consecuencias que tuvieron los recortes presupuestarios aplicados durante 2018 y 2019 en los programas nacionales para combatir el Sedentarismo y la Obesidad. Un claro ejemplo se registró el año pasado ya que el presupuesto asignado por ley del Congreso nacional sufrió un recorte del 23 por ciento y sobre ese total, a fines de 2019, quedaron el 40 por ciento de los recursos sin ejecutar.

Redacción Sesionar 

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