Según Raffo, en la investigación penal se acusa a Kirchner por “el objeto de recibir dinero como pago de retornos de la concesión de obra pública mediante contratos de locación de la firma Los Sauces S.A., de propiedad de Cristina Elisabet Fernández, Máximo y Florencia Kirchner”.
Además, Raffo menciona que esa causa, de enorme trascendencia pública e institucional, fue iniciada por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer donde hubo requerimiento fiscal para realizar las investigaciones propias del caso.

Luego los imputados prestaron declaración indagatoria con las formalidades y garantías que la Constitución y la ley brindan. En consecuencia, el Juez interviniente decretó el procesamiento de Máximo Kirchner, prohibiéndole abandonar el país y trabando embargo por la suma de 130 millones de pesos sobre los bienes de los procesados.

El artículo 70 de la Constitución Nacional prevé el caso, y los extremos, en el cual la Cámara puede suspender al legislador en sus funciones y ponerlo a disposición del juez de la causa penal que lo involucra.

La norma constitucional establece sólo tres requisitos para que el legislador pueda ser suspendido en sus funciones y puesto a disposición del juez de una causa penal: primero que exista una “querella” o causa penal que involucre al legislador, luego, que el sumario sea examinado en su mérito, y por último que la Cámara tome la decisión por los dos tercios de los votos.

Por último, Raffo considera pertinente avanzar de manera urgente sobre estas causas enmarcadas en la corrupción que han azotado al país en los últimos años.

Redacción Sesionar

Foto: Gentileza Prensa Diputado Nacional Julio Raffo

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