El objetivo de esta iniciativa, según reza el texto presentado por los diputados, es “la obligación de respetar y garantizar en forma integral y en todo el territorio nacional la dignidad y los derechos de las personas incluidas en investigaciones en salud, en cuanto a su vida, su integridad y su salud, su identidad, información y autonomía, en el marco del derecho de toda persona al acceso a los beneficios del progreso científico; estableciendo un sistema nacional para la protección de estos derechos”.

Las condiciones básicas que busca establecer este régimen para realizar investigaciones en salud con personas son que sean realizadas por un investigador competente, a través de un centro de investigación acreditado, con un patrocinador responsable, después de que la investigación haya sido revisada y aprobada por un comité de ética de las investigaciones en salud, con la autorización del organismo jurisdiccional competente, y con la constancia de una voluntad expresa del participante manifestada a través del proceso de consentimiento informado.