Según el texto del proyecto redactado por la legisladora, “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, sus datos personales deberán eliminarse inmediatamente de los bancos de datos”.

Además, establece que las entidades crediticias deberán notificar a los bancos de datos públicos y/o privados la cancelación o extinción de la deuda por parte del deudor dentro del quinto día hábil de producida la misma, para la supresión total y definitiva de sus datos en los registros.