“No hay nada en el contenido de este proyecto que requiera la sanción de una nueva  ley. De hecho, todo lo que se pretende sancionar ya se encuentra previsto en los antecedentes normativos que se citan en el propio proyecto. Es innecesario”, agregó.

Según Lousteau, la iniciativa no resuelve el problema para que los tenedores de deuda reestructurada puedan cobrar sino que permite que el funcionario pueda pagar”.