El texto adoptado con 631 votos a favor, 19 en contra y 25 abstenciones permitirá que los países confisquen bienes adquiridos a través de delitos como la corrupción en el sector privado, los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las instituciones europeas o de los Estados miembros, la participación en una organización criminal, la pornografía infantil o el cibercrimen.

 

“El encarcelamiento de algunos delincuentes mientras se deja el dinero sucio en circulación es intolerable", agregó Macovei (PPE, Rumanía).

 

La nueva ley exige a los Estados miembros que permitan el decomiso de activos de origen delictivo tras una condena definitiva. Además, las autoridades podrán incautarse de estos bienes incluso si el sospechoso o acusado está enfermo o ha huido.

 

El texto detalló que el decomiso de productos transferidos a un tercero podrá realizarse cuando esta persona “supiera o debiera haber sabido que el bien constituía un producto de actividades delictivas o que se le había transferido con objeto de evitar su decomiso y se le había entregado de forma gratuita o transferido a cambio de un importe inferior a su valor de mercado”.

 

Desde la puesta en marcha los Estados miembros deberán considerar la posibilidad de tomar medidas para permitir el uso de propiedades decomisadas para fines de interés público o social.

 

El Consejo todavía debe aprobar formalmente el documento en las próximas semanas. Los Estados miembros dispondrán de 30 meses para transponer la directiva a la legislación nacional. Irlanda asumirá las nuevas medidas, pero no lo harán el Reino Unido ni Dinamarca.

Fuente: Parlamento Europeo