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18/4/2013

La Cámara Alta aprobó, con 39 votos afirmativos, el proyecto para la modificación de las Medidas Cautelares contra el Estado o sus entes descentralizados y lo giró a Diputados. La iniciativa original recibió cambios que fueron sugeridos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez.


“Ningún ciudadano será perjudicado con esta ley”, aseguró el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino.

Según el senador las Medidas Cautelares son “el negocios de unos pocos”. “Lo que se aplica es el Código Procesal Civil y Comercial que regula la relación entre particulares, con lo cual se desconoce el interés público que hay en un acto de gobierno por parte del Estado”.
 
Entre los cambios está el que realizaron en al artículo 2 y que detalla que “la providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”.

“Como es malo desde lo jurídico, se refugian en proteger al Estado de las corpo. Pudo haber incentivado desde la ética a mucha gente pero ahora, aplicado a casos concretos, no”, dijo el senador radical,  Ernesto Sanz
 
Para Sanz el proyecto se frustró por “una mala presentación política” y una “mala construcción jurídica”.
 
Otro de los cambios fue el del artículo 17, que en su último párrafo enunciará: “Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación”.
La senadora Sonia Escudero  también cuestionó la iniciativa y aseguró que “en vez de democratizar, reduce el acceso a la justicia”. “Los más afectados serán los ciudadanos de a pie y no las grandes corporaciones que tienen los recursos para aguantar los procesos judiciales que ahora serán más largos y más costosos”.
 
“Votamos en contra, no porque no creamos que sea necesario regular las cautelares, sino porque estamos convencidos de que este proyecto es inconstitucional, incluso con los cambios incorporados que agregan nuevos requisitos de  modo que si no se pertenece a un grupo vulnerable no se podrá pedir una cautelar”, explicó.
 
Redacción Sesionar

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