La ley de medios tuvo y tiene una finalidad fundamental: proteger el derecho humano a la información, la libertad de expresión y de prensa. Es fruto del consenso más amplio y prevé herramientas para una política de Estado a ser cumplida por todos los gobiernos. Sin embargo, a tres años de su sanción, subsisten nueve grupos de medios en infracción. Más los estatales y los pauta-dependientes devenidos en órganos de propaganda facciosa y no oficial. Todo, por supuesto, en nombre de la ley vulnerada. Se escuchan voces, pese a las cadenas, que cuestionan la implementación del AFSCA, desde pequeños y medianos operadores, universidades, pueblos originarios, cooperativas, tercer sector y todos los que aguardan que el Gobierno cumpla las exigencias técnicas para democratizar el espectro.