En la iniciativa, las penas carcelarias para los imputados de proxenetismo contemplan una sanción de 2 a 4 años de prisión pero, en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores de edad, el castigo va de 5 a 15 años. Establece también crear organismos y volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas.

 

Hasta ahora, su avance en la Cámara baja se ha reducido a una reunión de los diputados de las comisiones de Legislación Penal, Seguridad y Familia con la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Los legisladores le adelantaron que el tema estaba “en agenda”, aunque la media sanción del Senado aguarde aún su tratamiento en comisión.

Durante el encuentro, la funcionaria informó que unos 800 policías federales se encargarían de recibir denuncias por este delito, que compromete "enormes cantidades de dinero, con las que se pueden comprar muchas conciencias".

 

La ministra de Seguridad  consideró "repugnante" el delito de trata de personas y aseguró que se profundizarán políticas para combatir este ilícito, que el año pasado registró unas 931 víctimas rescatadas.

Según detalló como ejes de trabajo están previstos la detección temprana para dar el alerta e interrumpir la comisión del delito,  el rescate de las víctimas y la sensibilización, tanto en los sectores de la comunidad como en las fuerzas federales.

 

En cuanto a la detección temprana, el Senado debate un proyecto que tiene como objetivo central inscribir una leyenda en los paquetes de preservativos, informando a los usuarios sobre los números telefónicos existentes para denunciar delitos de trata de personas.

 

El texto de autoría de la senadora  Sandra Giménez se basa en que el preservativo es un denominador común en los prostíbulos, debido a que de esa manera el proxeneta evita que las mujeres que explota sexualmente contraigan enfermedades venéreas.

 

Por ese motivo, se advierte la conveniencia de informar a los usuarios de preservativos sobre posibles situaciones de explotación sexual y la manera de denunciarlas. Dicho proyecto está siendo analizado en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara Alta.

Así las cosas, en el segundo semestre de 2012, la problemática de trata de personas volverá a estar en manos de los legisladores, en búsqueda de generar aportes desde las políticas públicas para luchar contra este delito aberrante.