Los opositores consiguieron 38 adhesiones, contra 26 del bloque oficialista. Y aunque desde un comienzo los senadores lograron unificar en un mismo dictamen los 9 proyectos de ley que tenían estado parlamentario en la cámara, lo cierto es que hasta último momento no lograron ponerse de acuerdo en puntos de central importancia.
En honor a la verdad, vale destacar que el proyecto del senador Samuel Cabanchik (PROBAFE-CABA) que se votó en general a principio de mes contenía alrededor de 32 artículos y llegó a la sesión del miércoles 30 de septiembre con casi 70. Esto, producto de los aportes que desde los distintos bloques políticos se introdujo al texto original a los efectos de, por un lado, alcanzar el consenso más amplio posible entre los propios senadores, y por otro, asemejarlo al texto que la oposición logró imponer hace un mes como dictamen de mayoría en Diputados.
La autoridad de aplicación de la ley, las excepciones, los sujetos obligados, y el plazo del que disponen para brindar la información fueron los artículos que mayor debate generaron entre los senadores y los distintos especialistas y organizaciones no gubernamentales que participaron del proceso de debate de los proyectos.
En este sentido, el texto votado establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna y esto no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpretaciones que lo limiten por parte de funcionarios del gobierno u otras entidades que dependan del Estado.
También estipula la creación de un centro de acceso a la información pública (CAI) en cada uno de los tres poderes del Estado y crea unidades de enlaces en los organismos que quedan obligados por ley; fija que las excepciones al cumplimiento de las normas de la legislación sólo pueden ser establecidas por ley del Congreso y establece los procedimientos administrativos y judiciales a los que se podrá apelar en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios públicos y limita en diez días hábiles el plazo para que los funcionarios respondan a los pedidos de información, tras lo cual podrá recurrirse a la Justicia.
La media sanción fue girada a Diputados. Si bien, la estrategia del arco anti-K de sería encolumnarse detrás de la iniciativa recibida en revisión, se prevé que la disputa allí será reñida. Mientras la mayoría de los diputados del arco opositor están analizando el proyecto votado en el Senado, desde los despachos adelantaron a Directorio Legislativo que “ven con buenos ojos” el texto y que “lo importante es no perder la oportunidad de sancionar esta ley”.
El propósito sería evitar que se repita lo sucedido en 2003, cuando los diputados aprobaron un proyecto de ley de acceso a la información pública y este tuvo modificaciones sustanciales en el Senado a propuesta de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner que no logró ser sancionado definitivamente.
Vale destacar que, para las distintas organizaciones de la sociedad civil que desde hace años venimos solicitándole al Congreso una ley nacional que establezca mecanismos claros para que la ciudadanía pueda reclamar y recibir información pública, el debate generado en el ámbito legislativo es bien recibido pero no por esto podemos dejar de advertir sobre la necesidad de que la futura norma cumpla con los estándares internacionales y procuramos que el apuro por sacar una ley no nos prive de obtener la mejor ley de acceso a la información.
Lorena Zapata
Área de Actualidad Legislativa
Fundación Directorio Legislativo
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